INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA RELATIVALOS NACIONALES DE 3os PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS (II)

INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS (II)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), exige a los Estados miembros que procedan a la transposición a su ordenamiento interno del contenido de las directivas de forma correcta, requiriendo disposiciones precisas, claras y transparentes para que los particulares pueda invocar el efecto directo de los preceptos contenidos en la Directiva.

Los Estados miembros están, por tanto, obligados a proceder a la transposición de las Directivas y su incumplimiento, sea por una transposición inadecuada o por no su transposición en absoluto o fuera del plazo previsto, hace incurrir al Estado infractor en responsabilidad ante las autoridades de la Unión. Y hay que evidenciar que los Estados se pueden llegar a encontrar bajo ciertas circunstancias que dificultan el desarrollo de la transposición de la Directiva, por ejemplo, estamos pensando en aquellos Estados que optan por un sistema de distribución territorial del poder político (estas  pueden estar relacionadas con el sistema interno y de distribución de competencias de los Estados miembros). En los países de estructura centralizada, por el contrario, parece que la ejecución del Derecho de la Unión, y en particular, la transposición de las Directivas plantea escasos problemas. Donde se encuentran verdaderas dificultades son en aquellos Estados miembros en los que su situación territorial es compleja, como el caso de España, integrada por Comunidades Autónomas a las que se les reconoce potestades legislativas y ejecutivas.

Así, pues, las directivas deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales en los plazos fijados. En este sentido, el TJUE, se ha pronunciado, rechazando alegaciones de los gobiernos fundamentadas en una problemática de orden interno para no cumplirlos; tampoco admite como justificación del incumplimiento, la complejidad de las modificaciones legislativas requeridas para la incorporación.[1]

De modo que, si la transposición se efectúa en plazo satisfactoriamente, el procedimiento concluye. Ahora bien, si el Estado miembro no transpone la Directiva dentro del plazo fijado en ésta, ese incumplimiento supone una violación al Derecho de la Unión y puede motivar la apertura del correspondiente procedimiento de la Comisión contra el Estado infractor por incumplimiento del Derecho de la Unión.[2]

No obstante, es importante recordar que a cada Estado miembro se le solicita que identifique los preceptos del Ordenamiento jurídico de la Unión que se incorporan literalmente, ya sea especificando entre paréntesis y al final de la transcripción del artículo. Así mismo, será necesario articular un régimen transitorio que favorezca el paso de una legislación a otra, aclarando cuál es la normativa aplicable a las situaciones creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma de transposición, y a su vez, la formulación de las disposiciones que regulen las derogaciones que se produzcan.

Una vez finalizado el proceso de transposición, el Estado miembro deberá comunicar inmediatamente el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopte a la Comisión, que, a su vez, informará a los demás Estados miembros. Los órganos a quienes corresponden las labores de elaboración  de la normativa deben también comunicar a las Instituciones de la Unión Europea las normas y reglamentos de carácter técnico.


[1]  Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 24 de marzo de 2011, dictada en el caso Comisión Europea vs Reinado de España en el asunto C-375/10 (DOUE, de 9 de octubre de 2010, C 274); Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de abril de 2011, dictada en el caso Comisión Europea vs Gran Ducado de Luxemburgo en el asunto C-390/10 (DOUE, de 18 de julio de 2011, C 179); Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 17 de febrero de 2011, dictada en el caso Comisión Europea vs Reino de Bélgica en el asunto C-321/10 (DOUE, de 11 de septiembre de 2010, C 246).

[2]  COBREROS MENDAZONA, E., “El marco del ordenamiento español para el ejercicio de la acción de responsabilidad por incumplimiento judicial del derecho comunitario: (a propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2009)”,   Revista Vasca de Administración Pública., N° 84, 2009, pp. 109-232.

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