INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA RELATIVA A LOS NACIONALES DE 3os PAISES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LOS ESTADOS MIEMBRO.

INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS (I)

El Derecho de la Unión representa al Ordenamiento Jurídico propio  de la Unión Europea. Un ordenamiento que está integrado por dos tipos de fuentes: por un lado, el derecho originario; y por otro, el denominado derecho derivado en el que podemos encuadrar a las Directivas[1]. Mediante una Directiva se establecen los objetivos que deben lograr los Estados miembros, dejándoles elegir los medios para hacerlo de modo que, la Directiva vincula a sus destinatarios en la consecución de resultados u objetivos concretos en un plazo determinado y tiene como destinatarios a uno, varios o todos los Estados miembros. Para que los principios en ella establecidos surtan efecto para los ciudadanos, el legislador nacional debe adoptar una norma de Derecho interno que adecue el ordenamiento jurídico nacional a los objetivos de la Directiva.

La incorporación de la Directiva al  ordenamiento jurídico de cada Estado miembro se realiza a través de la transposición de esta, lo que simboliza un compromiso entre las instituciones de la Unión y el actuar estatal de los Estados miembros.[2] Esto es, bien podríamos afirmar que a través de la transposición se produce el complemento normativo por parte de los Estados a los efectos de lograr la efectiva implementación de la Directiva.

En tal orden de cosas, los órganos competentes para proceder a la transposición de la Directiva en los Estados parte deben examinar si consideran necesaria la transposición, ya que puede darse el caso que el contenido material de la misma se encuentre ya incorporado a su legislación nacional. En caso contrario, esto es, que no se haya regulado sobre la materia dentro de la legislación de un Estado miembro, éste estará obligado a dictar una norma o disposición normativa en dicha materia, para lograr la efectiva implementación de la Directiva.

Se puede dar el caso de que algún Estado miembro considere que parte de los objetivos de la Directiva, estén contenidos en su legislación nacional, y en este sentido solo será necesario transponer parte de la Directiva. Inclusive, se puede dar el caso de que la regulación interna sea más completa que la contenida en la Directiva.


[1] Véase GARZÓN CLARIANA, G., “Las Fuentes del Derecho Comunitario”,  Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial, G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS y D. J. LIÑÁN NOGUERAS (coord.), Editores Universidad de Granada, Editorial Civitas: Consejo General del Poder Judicial, España 1993, pp. 23-54; UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I., “La iniciativa normativa en el procedimiento legislativo europeo a la luz del Tratado de Lisboa”, INDRET Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, Julio, 2010, puede consultarse en http://www.indiret.com

[2] CRAIG, P., “The legal effect of directives: policy rules and exceptions”, European Law Review, vol. 34, 2009, pp. 394-377.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s