ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL ESTATUTO DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN-UE EN UN SEGUNDO ESTADO MIEMBRO: UN NUEVO DERECHO.(II)

Directiva 2003/109/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN excluye la posibilidad de reconocer un permiso de residencia, por un periodo superior a tres meses, en el territorio de otro Estado miembro a aquellos residentes de larga duración que se encuentren en alguna de las siguientes categorías:

  • Trabajadores por cuenta ajena enviados por un prestador de servicios en el marco de una prestación transfronteriza.
  • O, prestadores de servicios transfronterizos.

Pero lo cierto es que, lógicamente, el nacional de un tercer estado residente de larga duración-UE deberá cumplir una serie de condiciones para beneficiarse de este nuevo derecho. A su llegada al segundo Estado miembro, debe lo antes posible y a más tardar, transcurridos tres meses desde su entrada al territorio, presentar la solicitud de residencia ante las autoridades competentes de dicho Estado. Y éstas podrán admitir dicha solicitud, aún cuando el interesado se encuentre aun residiendo en el primer Estado miembro[1].

            Llegados a este punto, señalaremos a continuación cuales son los requisitos que deberá cumplir el nacional del tercer Estado para obtener la residencia en el segundo Estado miembro. En concreto, este deberá:

     1.    Presentar el permiso de residente de larga duración-UE del primer Estado miembro que lo otorgó, el documento de identidad, el contrato de trabajo, documentos relativos a una vivienda adecuada, así como también aquellos que estipule la legislación nacional del Estado miembro.

 2.    Presentar pruebas de que pose disponibilidad de recursos suficientes y regulares para su propia manutención – así como para los miembros de su familia, si este los tuviera- y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el segundo Estado miembro[2].

3.    Los Estados miembros podrán requerir a los nacionales de terceros países que cumplan con las medidas de integración estipuladas en su legislación nacional. Esto no será aplicable si estas medidas ya se le fueron exigidas anteriormente, aunque en este caso si es posible que el Estado exija a la persona de que se trate que curse estudios de idiomas[3].

Ténganse en cuenta que los miembros de la familia del residente de larga duración podrán reagruparse con él o acompañarle en el segundo Estado miembro a condición de que ya hayan formado una familia en el primer Estado miembro. En caso contrario, esto es, cuando la familia no estuviera constituida en el primer Estado miembro, será de aplicación lo dispuesto en la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar.[4]

Ahora bien, el segundo Estado miembro podrá negar la residencia del residente de larga duración en los siguientes casos, tal y como se contempla en el artículo 17 y 18 de la Directiva:

  1.  Cuando el solicitante represente una amenaza para el orden público o la seguridad pública. En este caso, el Estado miembro analizará la gravedad o tipo de infracción[5].
  2.  Cuando el solicitante represente una amenaza para la salud  pública. En este sentido, la Directiva prevé la posibilidad de que un Estado miembro exija un examen médico para asegurarse de que los nacionales de terceros países no sufren enfermedades que son objeto, en el país de acogida, de medidas de protección. Aunque, las enfermedades contraídas con posterioridad a la expedición del estatuto en el segundo Estado miembro, por ningún motivo será razón para negar la renovación del permiso ni para decidir la expulsión del territorio.

Por lo que respecta al procedimiento, hay que tener en cuenta que la Directiva prevé una serie de garantías[6]. Estas garantías se refieren al plazo en el que se debe examinar la demanda de la solicitud del permiso de residencia. Sobre este particular, la Directiva prevé un plazo de 4 meses a partir de la fecha de su presentación, y dado el caso que existiera, ya sea circunstancias excepcionales vinculadas con la complejidad del examen, así como si también faltara algún documento requerido, este plazo se podrá extender hasta tres meses más debiendo notificársele al solicitante.


[1] Véase el artículo 15 de la Directiva.

[2] Artículo 15.2 a) y b) de la Directiva.

[3]  Artículo 15.3 de la Directiva.

[4] Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar (DOUE N° L251/12 de 3 de octubre de 2003).

[5] Véase el artículo 17 de la Directiva.

[6]  Véase  los artículos 19 y 20 de la Directiva.

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