Lisboa y el Tribunal de la Unión Europea.

La reforma de Lisboa sin duda representa un avance dentro de la Unión, aunque ciertos autores destacan que, del todo la presentación no es algo nuevo, sino una simple forma de presentar todo aquello que no había sido presentado.

 

Modificaciones en la organización del poder judicial de la Unión y en el nombramiento de sus miembros.

Sobre el sistema Jurisdiccional, se realiza una modificación a la terminología para su distinción en cuanto a la concepción y por ende aclaración de funciones. Con ello resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, queda reservado dicho nombre al órgano supremo, terminando así con la incongruencia que se suscitaba referente al tribunal de primer instancia. Quedando así: Tribunal de Justicia, Tribunal General y Tribunales especializados.

 

Juez nacional como Juez de la Unión.

Es importante señalar que existe una ausencia de referencia del juez nacional dentro de la arquitectura judicial europea. Pues lo anterior lo vemos ejemplificado dentro del artículo 19.1 TUE “Estados miembros establecerán las vías de recurso necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”.  Esta crítica es de peso trascendente pues ya que es en ellos es donde recae la ejecución garantizada por parte de los tribunales nacionales, por lo tanto actúan como parte de la estructura jurisdiccional de la Unión.

 

La designación de los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General (el Comité de evaluación ex art. 255 TFUE).

Para poder entender este punto es necesario recordar que la mayor parte de la legislación. En este apartado podemos encontrar la introducción de una fase preliminar al proceso, a su vez previniendo la creación del Comité de evaluación (calificado como “Comité Consultivo”), el cual se compone de 7 miembros (ex miembros del Tribunal de Justicia y Tribunal General; miembros de organizaciones jurisdiccionales nacionales supremos y juristas reconocidos).

Otra de las novedades la encontramos en el pronunciamiento sobre la idoneidad de los candidatos (juez y abogado general).

 

Procedimiento para futuras modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia  de la Unión europea y la creación de tribunales especializados.

Esto se llevara a cabo mediante el procedimiento legislativo ordinario regulado por el artículo 249 TFUE; así es que también este procedimiento será utilizado para la creación del tribunal especializado. Ambos pueden partir tanto por propuesta del Comisión, previa consulta del tribunal de Justicia y viceversa.

 

Modificaciones competenciales.

El pleno sometimiento de Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia al control Constitucional.

–          Aproximación horizontal a la cuestión de la protección judicial.

–          COMUNITARIZACIÓN:

  • Traspaso del 3er pilar (visados, inmigración, asilo, control de fronteras externas e internas y cooperación judicial en temas civiles al Tratado de la Comunidad Europea.

–          Progresiva eliminación de los controles sobre las personas en el cruce de las fronteras interiores “sobre las medidas o decisiones relativas al mantenimiento del orden público y salvaguarda de la seguridad interior”.

–          Introducción a la cooperación policial y judicial en materia penal.

–          Aceptación por cada Estado, con la especificidad de que órganos jurisdiccionales del Estado en cuestión podrían dirigirse al Tribunal de Justicia.

–          Excluida la competencia para controlar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios  con funciones coercitivas en un Estado miembro, ni sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto al mantenimiento del orden público y la salvaguarda de la seguridad interior.

–          Reunificación en términos sistemáticos de las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, y de la cooperación en materia civil, penal y policial al quedar todas ellas englobadas en el “espacio de libertad, seguridad y justicia”.

–          Sometimiento pleno al régimen judicial general de la Unión.

 

El Régimen singular de la Política Exterior y de Seguridad Común.

–          Materia de PESC.

  • Controlar las medidas y que los procedimientos PESC no invadan las competencias de la Unión.
  • Pronunciamiento sobre los recursos de anulación interpuestos por particulares.

–          Competencia para Tribunal de Justicia para ejecutar, sobre cualesquier acuerdo internacional.

 

Modificaciones procedimentales.

Recurso de anulación.

  1. Ampliación de la actividad de la Unión susceptible de impugnación cubriendo los actos del Consejo Europeo y de los órganos u organismos de la Unión “destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros”.
  2. Parlamentos nacionales y del Comité de las Regiones a los efectos de la impugnación de actividad de la Unión y vulneración del principio de subsidiariedad.

El hecho de que los Parlamentos nacionales, la posibilidad de que impugnen “actos legislativos” (excluyendo los no legislativos), remite a los Derechos nacionales en el sentido en que la legitimación sigue descansando en los gobiernos de los Estados miembros, los cuales transmitirán el correspondiente recurso, en su caso y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, en nombre de su parlamento nacional o de una cámara del mismo.

  1. Comité. Su novedosa legitimación para recurrir en anulación con el fin de salvaguardar sus prerrogativas y con ellos se ve ampliándola, y por lo tanto salvaguardar el principio de subsidiariedad.

 

La acción por incumplimiento y por inejecución de sentencias.

–          Ofrecimiento al Estado infractor la posibilidad de presentar observaciones a las imputaciones formuladas por la Comisión, esta podrá dirigirse al Tribunal de justicia solicitando la imposición de una suma  de tanto alzado y/o de multa coercitiva  sin necesidad de emitir previamente un dictamen motivado en el que ofrezca una nueva y última oportunidad al Estado de ejecutar correctamente la sentencia declarativa de su incumplimiento.

–          Posibilidad de que la utilización de este recurso interpuesto por la Comisión pueda acompañar simultáneamente la solicitud de imposición de una suma a tanto alzado y/o de una multa coercitiva en supuestos en que el incumplimiento se refiera a la infracción de la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva.

–          El Tratado de Lisboa puntualiza el momento a partir del cual se aplicaría la suma/ multa.

 

La cuestión prejudicial.

Cuando esta es planteada (de interpretación o validez del Derecho de la Unión) en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal se pronunciara con la mayor brevedad.

Cuestiones sobre PPU.

  1. Mayor celeridad.- entre los actores procesales que pueden participar en la fase escrita del procedimiento (omitirse en casos de extrema urgencia) y los que pueden hacerlos en su fase oral, limitando aquella a las partes del procedimiento principal.
  2. Agilización de la tramitación interna de los asuntos.
  3. Tramitación vía electrónica.

 

El futuro de la Arquitectura Judicial de la Unión.

El reto de la mayor complejidad del proceso decisorio y de la naturaleza vinculante de la Carta de derechos Fundamentales (cuestiones “típicamente” constitucionales).

Parte de esta complejidad es derivada en parte de la complejidad competencial de la jurisdicción europea, en términos cuantitativos y cualitativos que traerá consigo el riesgo de dificultar que el Tribunal de Justicia pueda dedicarse de manera adecuada, a la resolución de controversias típicamente constitucionales, como las relacionadas con el reparto de poder público o con el debido respeto de los derechos fundamentales.

 

  1. Reparto de poder entre las Instituciones de la Unión y entre esta y los Estados miembros.

 

Cuestiones:

a. no es exacto el binomio del procedimiento legislativo ordinario o el especial, ya que existen varios procedimientos legislativos especiales.

b. sobre el principio de subsidiariedad cuestiones sobre el ejercicio del control sobre el mismo así como la presencia de los Parlamentos Nacionales en la fase de la elaboración de los Derechos de la Unión.

c. la actividad no legislativa de la Unión (frontera entre los actos delegados y los de ejecución).

d. deslinde de frontera entre la PESC y el resto de competencias a la Unión.

 

  1. Carta de los Derechos Fundamentales.
    1. Hacer frente a una previsible proliferación en la invocación y aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales en un ámbito tan sensible y proclive a ello como es el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, sometido tras Lisboa a s pleno control jurisdiccional.
    2. Atento a la evolución de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros con el fin de interpretar la carta de derechos fundamentales, y que esto a su vez sea fuente de inspiración para completar la misma, mediante los principios generales del Derecho de la Unión.

 

La cuestión de la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Introducido en el Lisboa en el artículo 6.2 del TUE; esta adhesión se podría traducir como una afectación a la arquitectura judicial de la propia Unión, ay que esto se vería reflejado en que el tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegue a resolver sobre la conformidad de un acto de la unión con el convenio sin que previamente el Tribunal de Justicia  haya podido pronunciarse  de forma definitiva sobre esa cuestión, considerando que es preciso disponer de un mecanismo capaz de garantizar de forma efectiva sobre la cuestión de validez de un acto de la Unión antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre al conformidad de ese acto con el convenio.

 

 

En conclusión, si se ha logrado un gran avance con Lisboa al hoy encontrarse ya la Unión europea como tal, al concretizar, en parte cuestiones en el aire que se habían quedado en el paso y otras que no habían conociendo al luz, pero eso también trae una contraparte en la que se debe estar al pendiente de la actividad de la Unión sometida al régimen general de control por el Tribunal de Justicia, entre otras.

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