El Tratado de Lisboa y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el seno del cual se desarrolla la cooperación policial y judicial.

Tras Lisboa actualmente se ha podido percibir una mayor europeización, tras el denominado marco “espacio de libertad, seguridad y justicia”, en el cual se percibe una mayor profundización al tema de la cooperación policial y judicial. Es asi que tras el tratado de Lisboa existe una asequibilidad, entre las instituciones europeas y los Estados miembros, conllevando a una integración política europea.

Parte de los avances tras Lisboa, es la introducción de un nuevo criterio general para la toma de decisiones por parte de las instituciones europeas, se esta hablando de adoptar estas decisiones mediante la mayoría cualificada, y no únicamente por unanimidad del Consejo, es decir, se busca una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Entendernos por mayoría cualificada que en las decisiones del Consejo habrán de ser aprobadas por el 55% de los Estados miembros, que reúnan como mínimo el 65% de la población europea. Es lo que se conoce como doble mayoría. Se necesitará un mínimo de 4 Estados para formar una minoría de bloqueo.

También en este sentido, encontramos el sometimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que este controlara dicha cooperación (policial y judicial), permitiendo así que la Comisión pueda asegurar la colaboración de los Estados miembros.

Es así que también observamos el reconocimiento de la carta de Derechos Fundamentales, otorgándole valor jurídico y vinculante (al igual que a los Tratados Internacionales), así como la posible adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6 TUE).

A través de este espacio, y de demostrar el objetivo sobre el que navega la Unión Europea, y bajos sus principios rectores donde destaca la fija meta de consagrar una Europa de derechos, basada en los principios fundamentales del Estado de Derechos, esto lo encontramos por un lado que en el art. 67 TFUE al expresar que “La Unión constituye un Espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicas de los Estados miembros”; así como también se podrá percibir a través del texto del art. 2 TUE. Que a la letra dice: La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías”.

 

En otras palabras, el Tratado de Lisboa da la posibilidad  de crear de un espacio judicial europeo respetuoso con las tradiciones constitucionales y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, basado en los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y reconocimiento mutuo de normas y actos.

Así mismo se reconoce la importancia del papel del Consejo Europeo para definir “las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa”; así como también,  se le un papel importantísimo  a los Parlamentos estatales, que deberán participar y evaluar la aplicación de las medidas, tanto de las actividades de Eurojust (quien podrá llevar a cabo investigaciones penales sin verse afectado por las limitaciones fronterizas) como en el control de Europol (quien podrá colaborar mejor para identificar terroristas y traficantes).

Los Estados miembros mantendrán la posibilidad de emprender iniciativas legislativas sobre cooperación policial, justicia penal o cooperación administrativa, siempre y cuando las respalde una cuarta parte de los mismos. En este mismo sentido, un Parlamento estatal podrá oponerse a una decisión del Consejo cuyo objeto sea aplicar el procedimiento legislativo ordinario en materia de derecho de familia, con las consiguientes dificultades no sólo de armonizar normativas sino de establecer una cooperación judicial en materia civil.

Por otro lado, en  el art. 276 TFUE queda establecido, que el TJUE no es competente para comprobar la validez o proporcionalidad de las operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

En el ámbito de la política de seguridad se continuara requiriendo la aprobación por unanimidad de los Estados miembros. Así como también, se establece la posibilidad de instaurar una cooperación reforzada entre los Estados miembros que deseen trabajar más estrechamente en el ámbito de la defensa y gestión de crisis, es decir en la llamada “cooperación estructurada”. Los Estados Miembros han de poner a disposición de la Unión la capacidad civil y militar necesaria para aplicar la política exterior y de seguridad común y se regula la Agencia Europea de Defensa. Se introduce asimismo una cláusula de solidaridad voluntaria cuando un Estado miembro sea víctima de un ataque terrorista o de una catástrofe. El Alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad expresará la posición común de la UE.

En el ámbito de cooperación policial, encontramos que se configura a partir de la participación de los Estados miembros, por medio de la policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coactivas similares. Aquí también se admite subsidiariamente la cooperación reforzada si falla el procedimiento que se basa en la inicial tentativa de unanimidad, así como también se prevé la posibilidad de regular las actuaciones policiales en territorio de otro Estado miembro.

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