LA CONCESIÓN Y RETIRADA DEL ESTATUTO DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN-UE.

Por medio de la presente Directiva, se pretende objetivar: por un lado, las condiciones de concesión y retirada del estatuto de residente de larga duración, que podrá ser concedido por un Estado miembro a los nacionales de terceros países que residan de manera legal en su territorio. Y por otro lado, las condiciones a las que queda subordinada la residencia en Estados miembros distintos a aquél que concedió el estatuto.

Hay que hacer notar que los Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración-UE cuando se cumplan una serie de requisitos básicos. En concreto cuatro. Veámoslos brevemente.

El primer requisito, se refiere a la temporalidad, y consiste en una residencia ininterrumpida durante los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud del estatuto . A pesar de que la Directiva establece que debe ser de forma ininterrumpida, el solicitante podrá ausentarse del territorio del Estado miembro durante períodos de tiempo no superiores a seis meses consecutivos o por razones específicas previstas en la legislación de cada Estado miembro. Así mismo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los períodos de ausencia correspondientes a traslados por motivos laborales, incluida la prestación de servicios transfronterizos.

No obstante, no es suficiente cumplir con este requisito temporal para que el nacional de un tercer Estado pueda beneficiarse del estatuto de residente de larga duración. En efecto, además la Directiva exige el cumplimiento de estos otros tres requisitos.

El nacional de un tercer Estado deberá acreditar en segundo lugar que dispone de recursos suficientes y en tercer lugar que dispone de un seguro de enfermedad, tanto para él como para los miembros de su familia, si es que este los tuviera, con el fin de evitar ser una carga para el Estado miembro.

Para acreditar lo anterior, el nacional de un tercer país deberá proporcionar pruebas que demuestren tanto: que goza de recursos estables y suficientes para cubrir sus necesidades sin recurrir al sistema de ayuda social del Estado miembro, como que dispone de un seguro de enfermedad (que cubra los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales del Estado miembro de acogida) para él y para su familia a cargo, en el caso de que la tuviese.

Y el cuarto y último requisito, consiste en que el extranjero no deberá constituir una amenaza para el orden público o la seguridad pública y bajo ningún motivo, podrá denegársele la concesión del estatuto de larga duración por razones económicas .

Asimismo el Estado miembro podrá solicitar condiciones suplementarias, de conformidad con sus legislaciones nacionales. En concreto, y por lo que respecta a España, estos pueden ser algunos de los documentos requeridos para la concesión del estatuto :

– Impreso de Solicitud (modelo EX – 00), firmado por el sujeto legitimado y una copia.

– Pasaporte en vigor.

– Original y copia de la documentación acreditativa de haber residido legalmente y de forma ininterrumpida en España durante los 5 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

– Original y copia de los recursos fijos y regulares suficientes para su manutención y la de los miembros de su familia. Pueden proceder de rentas de carácter patrimonial o derivadas de actividades lucrativas por cuenta propia o ajena, o de prestaciones de carácter contributivo, pero en ningún caso de ayudas asistenciales procedentes de los poderes públicos. Dichos recursos deberán ser cuantificables y deberán superar la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente o la cuantía de las pensiones mínimas vigentes, si se trata de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente.

– Contrato de trabajo y 3 últimos recibos de pago de su salario o fotocopia de boletines de cotización o Informe de vida laboral.

– Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior.

– Justificante de afiliación y alta en Seguridad Social o Seguro de Asistencia Sanitaria para el solicitante y familiares.

– Acta de Habitabilidad de Vivienda; es decir, de presencia y manifestaciones para acreditar que se dispone de una vivienda de características y amplitud necesarias, teniendo en cuenta el número de miembros de la familia, haciendo referencia y demostrando los siguientes extremos:

o Título de propiedad o contrato de arrendamiento de la vivienda.

o Certificado de empadronamiento.

o El Acta de Habitabilidad que puede pedirse también al Ayuntamiento de su localidad.

– Volante de empadronamiento actualizado, o, en su defecto, autorización expresa para verificar electrónicamente este dato.



En este contexto, creemos que atendiendo a razones de seguridad jurídica resulta clave la determinación y precisión de un conjunto de normas que regulen el procedimiento de obtención del estatuto de residencia de larga duración-CE para los nacionales de terceros países; y esto es así por razones de seguridad jurídica.

A continuación, se señalará brevemente cual es el procedimiento para la solicitud y concesión del estatuto de residente de larga duración-UE :

1. Se debe presentar una solicitud ante las autoridades competentes del Estado miembro donde residan.

2. Se deben adjuntar con la solicitud aquellos documentos requeridos por la legislación nacional cuyo fin tenga el acreditar que reside legalmente en el territorio del Estado miembro, que dispone de recursos estables y suficientes sin la necesidad de recurrir al sistema de ayuda social, a su vez que dispone de un seguro de enfermedad.

3. Asimismo, el Estado parte podrá requerir condiciones suplementarias que se consideren necesarias dentro de su legislación.

4. La autoridad competente comunicará al solicitante por escrito (brevemente e informando los derechos y obligaciones de la Directiva) la resolución adoptada dentro del plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse en circunstancias excepcionales que estén vinculadas a la complejidad del examen de la solicitud. Si se diera el caso de la falta de respuesta a la solicitud, por parte de la autoridad competente en el plazo establecido, se actuará conforme a lo estipulado en cada una de las legislaciones nacionales de cada Estado miembro.

5. En caso de que se denegara la solicitud, toda decisión de desestimación de la solicitud deberá estar motivada, y notificársele al interesado por escrito de conformidad con los procedimientos legales del país de acogida e indicar las modalidades y plazos para eventuales recursos y plazos de interposición de estos, para que pueda hacer uso de ellos. También se podrá llevar a cabo esta acción de interposición de recursos jurisdiccionales o administrativos, dado el caso de retirada, pérdida o no renovación del permiso de residencia de larga duración.

6. La concesión del estatuto de residente de larga duración-UE, para nacionales de terceros países, tendrá una validez de 5 años, con renovación automática a su vencimiento, previa solicitud en su caso. Este podrá expedirse en forma de etiqueta adhesiva o bien, como documento aparte. Y su caducidad, en ningún sentido, significará la retirada o pérdida de este.

Y por su parte asimismo y tal y como hemos avanzado la Directiva, contempla la retirada o pérdida del estatuto de residente de larga duración-UE, conforme a las siguientes premisas :

1. La simple caducidad del permiso no implica, de ningún modo, la retirada o pérdida del estatuto.

2. Las razones que justifican la retirada del estatuto son limitadas y la Directiva especifica que esto sucederá cuando medie ausencia del territorio de la Unión Europea durante más de 12 meses consecutivos , obtención fraudulenta del estatuto o cuando se adopte una medida de expulsión en contra del residente por representar una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública .

3. También podrá perder su derecho a conservar el mencionado estatuto, cuando represente una amenaza en el orden público dada la gravedad de sus delitos cometidos.

4. Cuando el estatuto de larga duración-UE le haya sido concedido en otro Estado miembro, el interesado pierde el derecho a conservar el estatuto de larga duración-UE adquirido en un primer Estado miembro.

5. Se pierde, asimismo, después de una ausencia de seis años del territorio del Estado miembro que le haya concedido el estatuto.

6. Y, finalmente, hay que poner de relieve que los Estados miembros podrán establecer dentro de sus legislaciones nacionales, tanto los requisitos como los procedimientos para la recuperación del estatuto. Y dado el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer, el Estado miembro autorizará al interesado a permanecer en su territorio siempre que éste no represente una amenaza para el orden público y reúna los requisitos establecidos en las legislaciones nacionales.
Notas.
  • Véase artículo 4.1 de la Directiva.
  • Véase el artículo 6.1 de la Directiva.
  • En este sentido, el orden público puede ser abordad desde una doble perspectiva: desde la perspectiva nacional o bien desde la que nos ofrece el ordenamiento jurídico de la Unión. Véase GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R., “Límites a la Construcción de un Orden Público Europeo en materia de Derechos Fundamentales (A propósito de la sentencia del TJCE Krombach c. Bamberski, de 28 de marzo de 2000), en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2000, N°8, pp. 593-617; asimismo, resulta de intéres el tenor literal del artículo 6.3 de la Directiva.
  • Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, (en lo sucesivo LO 2/2009) (B.O.E. de 12 de diciembre de 2009, nº 299).
  • Consúltense sobre esta cuestión, los artículos 7, 8 y 10 de la Directiva.
  • Véanse los artículos 9 y 10 de la Directiva.
  • También en este caso el Estado miembro podrá establecer un procedimiento simplificado para su recuperación (ejemplo: por estudios en un segundo Estado miembro).
  • La expulsión, en ningún momento, podrá ser acordada por motivos de orden económico. Los Estados miembros deberán tomar en consideración para la expulsión: la duración de la residencia en el territorio; la edad de la persona; las consecuencias para él y los miembros de su familia; y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. También el interesado podrá interponer los recursos administrativos o judiciales, previstos legalmente en los Estados miembros. Véase sobre este particular el artículo 17 de la Directiva.

Todos los derechos reservado Elizabeth Chichino B. Tesina: EL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES DE LARGA DURACIÓN: UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRATO EQUITATIVO.”

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