LOS ORÍGENES DEL ESTATUTO DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN.

La Unión Europea dentro de sus distintas etapas evolutivas, se ha interesado por los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que conviven y forman parte de su sociedad, nacionales extracomunitarios que bien por razones técnicas bien por el arraigo que sienten a su propia nacionalidad, opten por no adquirir la de algún Estado miembro, posibilidad que les permitiría acceder a la ciudadanía de la unión.
El primer antecedente relativo al estatuto de residente de larga duración de nacionales de terceros países, lo podemos encontrar en la “La Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos de Terceros Países” elaborada en 1994, la cual no llegó a ver la luz . Dos años más tarde, el 4 de marzo de 1996, se adopta la Resolución del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en el territorio de los Estados miembros. Ahora bien, esta Resolución del Consejo alberga únicamente recomendaciones encaminadas a que los Estados miembros adopten medidas que permitan la integración de los nacionales de terceros países residentes de larga duración en el país de acogida; remitiéndose a las legislaciones nacionales de cada Estado miembro para concretar las cuestiones referentes a la integración y establece como mínima una residencia de 10 años de manera legal e ininterrumpida .
Con base en esta resolución, y a propuesta de la Comisión en 1997, se elaboró un Convenio relativo a la admisión de nacionales de terceros países en Estados miembros, basándolo en el Tratado de la Unión Europea, pero no fue tomado en consideración por el Consejo de modo que no llegó a aprobarse tal Convenio .
En este orden de cosas, M. ILLAMOLA DAUSÀ ha afirmado que la adopción de medidas que favorezcan la integración de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, ha de responder a principios comunes en todos los Estados miembros, debiendo, por tanto, lograrse una aproximación de sus legislaciones nacionales en la materia, favoreciendo así por un lado la no discriminación, y por otro el reconocimiento de derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea. Derechos y obligaciones que podrían ser reconocidos en base a criterios tales como la antigüedad y los lazos creados en el territorio del país de acogida .
Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, en el Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre del mismo año , los Estados miembros manifestaron la necesidad de garantizar un tratamiento equitativo a los nacionales de terceros países miembros legalmente residentes en la Unión Europea, reconociéndoles un conjunto de derechos que fuesen lo más parecido a los otorgados a los ciudadanos de la Unión Europea:
“El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante un período de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión, que contenga, por ejemplo, el derecho a residir, recibir educación y trabajar por cuenta ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación respecto de los ciudadanos del Estado de residencia. El Consejo Europeo hace suyo el objetivo de ofrecer a los nacionales de terceros países que hayan residido legalmente durante un período prolongado la posibilidad de obtener la nacionalidad del Estado miembro en que residen” .
De este texto que hemos transcrito, conviene subrayar la ideas que a continuación pasamos a exponer : por un lado, que la aproximación de las legislaciones nacionales ha de responder a las necesidades de otorgar a los nacionales de terceros países residentes de larga duración en un Estado miembro, un trato semejante del que se le da a un ciudadano de la Unión Europea en los distintos sectores, como son el económico y el social, donde posean derechos uniformes que lo acerquen al estatuto que se reconoce al ciudadano de la unión ; y por otro lado, que mediante el reconocimiento de este estatuto los nacionales de terceros Estados puedan gozar de un instrumento auténtico de integración tendente a una igualdad, donde se consigue la consolidación del principio de la no discriminación por razón de nacionalidad .
Además dentro de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se contemplaba la posibilidad de obtener la nacionalidad del Estado miembro en que residan. Esta cuestión resulta un punto delicada, ya que la posibilidad de obtención de nacionalidad es competencia exclusiva del Estado miembro .
Pues bien, y llegados a este punto, puede notarse que esta preocupación manifestada ya en el Consejo Europeo de Tampere, encuentra su reflejo normativo en la Directiva 2003/109/CE del Consejo, del 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración . Por lo que su existencia ha de ser valorada positivamente. En este sentido como afirma K. FACH GÓMEZ:
“…la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de concesión de un estatuto de larga duración y los derechos a él vinculados supone un paso adelante en la consagración de la Europa comunitaria como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Alcanzar la integración de los nacionales de terceros países que residan permanentemente en Estados comunitarios implica asimismo fomentar la cohesión económica y social europea, por lo que se trata de un objetivo a potenciar. Igualmente, la posibilidad que la propuesta les concede a estos extranjeros no comunitarios, en el sentido de poder ejercitar el derecho de residencia en otro Estado miembro traerá consigo una beneficiosa flexibilización y dinamismo del mercado laboral europeo, que podrá responder con más eficacia a las exigencias de la globalización” .
Además, y al margen de lo previsto en las conclusiones del Consejo de Tampere, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea , se reconoce la posibilidad de otorgar la “libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro .”
En este contexto P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, subraya que la carta no reconoce “la obligación de concesión, sino solo la posibilidad de concesión” . Y esto sin duda no resulta una cuestión baladí, principalmente, si partimos del punto de que tras el Tratado de Lisboa se le ha otorgado a la Carta valor jurídico vinculante al igual que a los Tratados Internacionales . Así pues, parece que el derecho de libre circulación y residencia podría además de ser un derecho privativo de los ciudadanos de la Unión, ser un derecho extensible a los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente residiendo en algún territorio de un Estado miembro, y es que no podría ser de otro modo puesto que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos subordinan el goce del derecho de toda persona a circular y residir libremente en el territorio de un Estado al hecho de que éste se halle legalmente en él.

Notas.

  • Ciudadanía de la unión regulada de los artículos 20 a 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  • Véase este proyecto en el Documento del Parlamento Europeo, PE 208.166/def., del 16 de marzo de 1994.
  • Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se encuentran disponibles en : http://europa.eu/europea-council/index_es.htm
  • Véase MARZO, C., “Aux frontières de l´Europe: Compraison de la situation des résidents, ressortissants de différents États tiers, à celle de ciyoyens de l´Union Européenne”, Reveu du Marché Commun et de l´Unión Européenne, N°. 538, Mayo 2010, pp. 286- 294
  • El acceso a la nacionalidad es competencia exclusiva de los distinto Estados, por ello ni en la propuesta de Directiva ni en la Directiva, se retoma dicha posibilidad. En el caso español es en concreto el legislador civil el que regula la adquisición de la nacionalidad española. Y es que la Constitución remite en su artículo 11 a lo que disponga la ley. “1. La Nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.
  • Véase FACH GÓMEZ, K., “Propuesta de la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración en la Unión Europea”, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, N° 2, 2003, p. 64.
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conocida como Carta de Niza, (DOUE, de 18 de diciembre de 2000, C 364/1.)
  • Véase FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., Derecho comunitario de la Inmigración, editorial Atelier, 2006, p.195.
  • Léase el artículo 6 TUE:
  • “1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.”
  • Véase el artículo 45.2. DOUE, de 23 de enero de 2004, L16/44. Ténganse en cuenta que esta Directiva entró en vigor el 12 de febrero de 2004, si bien el plazo de transposición en los Estados miembros se fija el 23 de enero de 2006. Cuestión esta que será analizada en las paginas siguientes de este trabajo. Véase JANER TORRENS, J.D., “El ámbito de aplicación personal del principio de no discriminación por razón de nacionalidad: algunas consideraciones en torno a la discriminación inversa”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año7, N° 14, 2003, pp. 305 -320. Véase las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere, del 15 y 16 de octubre de 1999, en concreto el apartado 21 de las Conclusiones, en el numeral III, sobre el Trato justo de los nacionales de terceros países. Este documento puede encontrarse asimismo en la Pagina Web del Parlamento Europeo : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm Véase ILLAMOLA DAUSÀ, M. “Análisis de la Directiva 2003/109 del Consejo de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.” Comunicación presentada en el III simposio “Las actuaciones públicas en el ámbito de la inmigración. Entre el control de flujos migratorios a la integración social”, organizado por el observatorio de la evolución de las instituciones OBSEI de la Universitat Pompeu Fabra, el 7 y 8 de junio en hht://www.associats.net/cide/an%C3%A1lisis%20directiva%202003.109.pdf

 Todos los derechos reservado Elizabeth Chichino B. Tesina: EL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES DE LARGA DURACIÓN: UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRATO EQUITATIVO.”
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